Entre las recetas que un antiguo gobernador de Oaxaca asegura haber puesto en práctica para controlar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad está el regalar a sus dirigentes una camioneta. "No hay pierde -dice-: el grupo que se queda sin nada se pelea a muerte con el que agarra la camioneta. Los que ganan te deben un favor. Los otros se la mientan a sus compañeros. Matas dos pájaros de un tiro..."
No hay novedad en la prescripción de esta medicina priísta para el control de la oposición partidaria. Los pleitos entre las distintas facciones que forman el PRD en Oaxaca son tan antiguos como el partido mismo y han sido recurrentemente utilizados por el poder. Entre ellas todo es motivo de pelea: las candidaturas, las dietas, las prerrogativas de ley, los puestos de dirección. La mezquindad de muchos de sus dirigentes es proverbial. Su trayectoria política pareciera resumirse en una frase: "antes muertos que vivir fuera del presupuesto".
Esta sordidez política quedó de manifiesto durante las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Mientras sus militantes de base y simpatizantes exigían en las calles la destitución de Ulises Ruiz, los legisladores locales del PRD votaron leyes para favorecer al sátrapa. Sólo por la presión de algunos dirigentes nacionales del partido los diputados recularon.
Esta tacañería se hizo evidente también en los comicios para renovar la legislatura local, que se efectuarán el próximo 5 de agosto, en los que serán elegidos 42 diputados. En un primer momento, la dirección del partido en el estado, apoyada por integrantes de la dirección nacional, registró una coalición electoral que excluía a Convergencia, formación política integrante del Frente Amplio Progresista (FAP) a nivel nacional, con fuerza en Oaxaca. Fue necesaria la intervención de la dirección nacional y que la diferencia se dirimiera en los tribunales.
La maniobra provocó una batalla campal entre los dirigentes perredistas a escala nacional y local, en la que sus integrantes se acusaron unos a otros de traición y denunciaron alianzas con el gobernador Ulises Ruiz.
Esta ruindad se hizo presente una vez más con la exclusión en sus listas de candidatos a diputados de connotados dirigentes sociales ligados a la APPO, con arraigo social y capacidad de convocatoria. En lugar de ellos, fueron postulados miembros de las tribus locales, en su mayoría desconocidos y con muy pocas posibilidades de triunfo. Las listas de diputados plurinominales fueron confeccionadas con familiares de diputados locales, funcionarios de la administración estatal y dirigentes del partido. Los integrantes de la APPO fueron ubicados en lugares donde no tienen asegurada su llegada al Congreso.
La participación o no en las elecciones locales en la entidad fue motivo de intenso debate dentro de la Asamblea. Finalmente, ésta acordó mantener una postura unitaria y llegar a acuerdos consensuados. Expresó su falta de confianza en que los partidos políticos puedan resolver los problemas del pueblo. Aseguró que su lucha iba más allá del proceso electoral. Ratificó su carácter de movimiento de masas amplio, democrático, plural e independiente del Estado y de los partidos políticos.
La APPO consideró que el proceso electoral está caracterizado por la antidemocracia, la inseguridad y la falta de garantías de respeto a la voluntad popular. Por ello convocó a emitir un voto de castigo a los candidatos de Ulises Ruiz y sus aliados. Asimismo, acordó continuar las movilizaciones y acciones para la transformación profunda del estado y la salida de quien ostenta la gubernatura.
En tanto movimiento plural, la Asamblea aprobó respetar la decisión de las organizaciones que, dentro del ámbito de su autonomía, decidieron participar en las elecciones o no hacerlo.
La APPO fijó además una regla muy importante para regular la intervención en los comicios: no ser al mismo tiempo concejal de la Asamblea y ocupar un cargo público. Por lo tanto, los concejales que decidan participar deberán dejar su cargo con carácter de irrevocable.
La coyuntura electoral confrontó a la APPO con sus propias contradicciones. Una parte muy importante de sus integrantes decidieron participar electoralmente. Tenían como referencia inmediata la apabullante victoria que el movimiento popular consiguió en los comicios federales de julio de 2006. Piensan que desde allí se puede dar continuidad a la demanda de renuncia de Ulises Ruiz. Otros, en cambio, optaron por no hacerlo, y algunos más plantean boicotear el proceso.
La decisión de las organizaciones sociales de asistir a los comicios se topó, de inmediato, con la estrechez política del PRD. La partidocracia puso toda clase de candados para limitar la inclusión de quienes deseaban pactar una alianza electoral. Un dirigente nacional del sol azteca les pidió no postular a líderes del movimiento, no fuera a ser que apareciera una foto de alguno de ellos aventando piedras y entonces se fuera a pensar que el partido era "violento".
Al final, los perredistas se quedaron con la mayoría de las candidaturas con posibilidades de triunfo y colocaron en algunas posiciones claves a personas identificadas con Ulises Ruiz. Por supuesto, quienes operaron el descarrilamiento de la convergencia se dicen víctimas de una calumnia. Eso explica que el pasado 18 de mayo integrantes de la APPO tomaran las oficinas de la dirigencia estatal del PRD.
El conflicto que vive Oaxaca desde hace un año tiene su origen, parcialmente, en la falta de representación política de amplios sectores de la sociedad oaxaqueña. Hubo quien pensó que las elecciones podrían servir para crear condiciones para la solución del conflicto. Si alguna vez existió o no esa posibilidad es materia de discusión. Por lo pronto el PRD la canceló ya.
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