A cuentagotas, de manera sesgada, los medios de comunicación dejan ver que en Oaxaca está ocurriendo algo grave. Los hechos cuestionan la fantasiosa normalidad que pregonan los mercaderes del turismo y los funcionarios del gobierno. La realidad oaxaqueña, "que arde por dentro", está plagada de graves conflictos, de violencia y de injusticias que a pesar de los millonarios promocionales que la maquillan y la tratan de ocultar, brota día a día irrefrenable.
Al cumplirse el pasado 14 de junio un año del violento desalojo policiaco cometido en contra de profesores huelguistas, la gigantesca movilización que llevó a la calle a cientos de miles de ciudadanos le recordó al gobernador Ulises Ruiz, y a la opinión pública nacional, que en Oaxaca existe aún un grave conflicto no resuelto, y que para los responsables de los brutales atropellos que le costaron la vida a dos docenas de personas "no hay perdón ni olvido".
Hace ya más de dos semanas se instaló de nuevo un plantón en el zócalo de la capital del estado, el cual ha estado sujeto a provocaciones, amenazas y al hostigamiento constante de parte de las autoridades gubernamentales y de grupos priístas, los cuales han amenazado con desalojar de "manera pacífica" a los cientos de maestros de la sección 22 del SNTE y a los integrantes de organizaciones sociales que forman parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Ante el espanto de los empresarios del turismo, que hacen su agosto en julio, el movimiento ciudadano ha acordado que impedirá de nuevo la realización de la Guelaguetza, una "fiesta popular" que ha sido pervertida por los funcionarios y comerciantes y que ha devenido en un festival para turistas, cuyo acceso está vedado al grueso de la población oaxaqueña por los altos precios que tienen las entradas.
Mientras más nos acercamos al 16 de julio, fecha señalada para la celebración de la primera versión de este festival, son más los actos de intimidación y violencia que ejerce el gobierno estatal por medio de sus policías o de los grupos de golpeadores con los que cuenta. La violencia gubernamental y la que ejercen los grupos priístas se ha venido incrementando en estos últimos días: retenes y redadas, nuevos asesinatos y detenciones arbitrarias son parte de una escalada que busca a toda costa evitar las movilizaciones que ha anunciado el movimiento ciudadano en el contexto de la Guelaguetza.
Por todo el estado han aparecido en los últimos días agresivos retenes, donde los cuerpos especiales de la policía hostigan y amedrentan a la población; en ellos los ciudadanos somos revisados y cuestionados de manera grosera e intimidante. Por su parte, en Juchitán el Ejército patrulla las calles y se han reportado también intensos operativos militares en el Bajo Mixe, la Mixteca y la Sierra Norte.
El clima de violencia no ha cesado en la zona triqui, y han continuado los ataques en contra de profesores y opositores al gobierno estatal. En San Pedro Mixtepec, pistoleros asesinaron con arma de fuego al profesor Fermín Vásquez Luis, y en Aloapam, por la irresponsabilidad de los funcionarios federales y estatales se enfrentaron comuneros, dejando este hecho de sangre un saldo de dos muertos, y de por lo menos seis detenidos.
La crisis oaxaqueña se agudiza día a día a pesar de los simulacros de una "reforma democratizadora" que es promovida por el gobierno del estado y que ha sido avalada por todos los partidos estatales y por algunos miembros de la sociedad civil, entre ellos el polémico artista Francisco Toledo, quien ha hecho importantes aportaciones para lograr la liberación de los presos políticos pero que de manera confusa e incongruente se ha prestado a una farsa cuestionada por amplios sectores de la población oaxaqueña, que se preguntan si "es posible democratizar Oaxaca con las manos llenas de sangre".
Aún permanecen recluidos en diferentes cárceles siete presos políticos, y recientemente 54 de ellos fueron exonerados por la justicia federal, demostrándose una vez más de que en Oaxaca se privó de la libertad a decenas de personas de manera ilegal y arbitraria; algunos de los responsables directos de estas violaciones serán seguramente diputados en la próxima legislatura estatal, ya que ocupan los primeros lugares en la lista de candidatos plurinumerales que ha presentado el PRI para las elecciones del mes de agosto, con lo cual además de jugosos ingresos y prebendas obtendrán plena impunidad.
Ante la falta de acciones serias que permitan una efectiva democratización que involucre de manera plena a la sociedad oaxaqueña, y ante la ausencia de justicia que asegure castigo a los responsables materiales e intelectuales de los agravios y graves violaciones que han sufrido miles de oaxaqueños, la crisis permanecerá latente y sólo bastará una chispa para que se incendie la pradera.
En Oaxaca se ha iniciado una cuenta regresiva. Y no la podrán detener ni las recomendaciones de la CNDH ni los resolutivos de la Suprema Corte ni la indiferencia del gobierno federal y de la clase política nacional. Sólo la justicia que demanda de manera legítima el pueblo de Oaxaca podrá detener la confrontación que se viene encima. La cuenta ya se inició.
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